A partir de la restauración democrática en 1983, el CELS fue una referencia ineludible para el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la justicia. Su rol de representante legal de numerosas víctimas y familiares lo convirtió en un centro de recepción de denuncias y testimonios, cuyo cuidadoso registro fue fundamental para permitir su utilización como material probatorio en los juicios.
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