Como consecuencia de los altos niveles de violencia social, accidentes, delitos e inseguridad se extiende el uso de armas entre los argentinos. Estadísticas oficiales revelan que existen alrededor de 1.200.000 armas de fuego legalmente inscriptas. De ellas casi un millón están en manos de 625 mil usuarios individuales. Pero estos datos obviamente no incluyen la amplia franja de ilegalidad en armamentos, zona peligrosa de muy difícil cuantificación. El abogado penalista Darío Kosovsky analiza esta situación de riesgo partiendo de que el Estado argentino no ha generado iniciativas para reducir la circulación de armas y evitar, de ese modo, su uso casi generalizado. Drásticamente opuesto a la ley de la selva como forma de solucionar conflictos, el autor propone la aplicación de renovadas políticas sociales y una urgente modernización de los sistemas de seguridad.
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